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La Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar presentó en su día una demanda contra la memoria técnica en la que se apoyó la venta de Aguas de Alcázar. La demanda la firmaban también a título individual otros ciudadanos, entre los que se encuentran algunos concejales de la actual Corporación, como Rosa Melchor, Gonzalo Redondo o Amparo Bremard.
Hace un mes y a instancias de nuestros abogados, desde la Plataforma solicitamos al Equipo de Gobierno que, como parte demandada, se allanase en la causa. Con esta acción procesal, la parte demandada da por válidos los argumentos del demandante, admitiendo que tiene razón den su demanda. Entendíamos entonces que, si en su día apoyaron la demanda, ahora, una vez en el Gobierno, lo natural es que reconozcan la validez de esa demanda allanándose ante el Juzgado.
El efecto que tendría este allanamiento sería el de la finalización del proceso en un plazo muy corto.
Ahora el Juez ha requerido al Ayuntamiento para que, el un plazo de cinco días, comunique si ha decidido allanarse en la causa. El propio Juez entiende que lo natural es que esta nueva Corporación decida admitir que los argumentos de la demanda son válida, puesto que son ellos los mismos que la presentaron.
Está claro que este plazo es para comunicar su intención de manera inmediata, aunque el plazo para allanarse no termina ahora. Pero la ocasión es precisamente ahora, cuando el propio Juzgado requiere al Ayuntamiento.
Esto nos lleva a hacer algunas reflexiones.
Entendemos que el Ayuntamiento debe allanarse, porque no tendría sentido haber apoyado la demanda entonces y persistir en la posición contraria ahora. Además, si se dejara pasar la oportunidad y se llegase hasta la sentencia final, podríamos encontrarnos con una sentencia contra el Ayuntamiento, y la Corporación resultaría condenada por sí misma; o con una sentencia contra la demanda, y se perdería una ocasión de anular la venta como resultado de la inacción del Gobierno Local. Los dos supuestos serían ridículos.
Si el Ayuntamiento decide no allanarse, habrá que explicar por qué.
Aunque pueda esperar a más adelante, entendemos que es ahora cuando debe hacerlo. La Plataforma lo solicitó hace un mes, tiempo suficiente para considerar la postura y tomar una decisión. Ahora, con el requerimiento del Juez, la ocasión es perfecta. Si se pretende aplazar, el Gobierno deberá explicar cuál va a ser su decisión. Si deciden no allanarse, habrá que explicar por qué. Y también deberán explicar cuándo piensan hacerlo y cuál es la razón del retraso. Han tenido tiempo suficiente para que todos los trámites estén a tiempo.
Para tener el acuerdo que justifique el allanamiento, aunque se deba aprobar en un Pleno, se pueden explorar otras vías, como un decreto de Alcaldía ratificado a posteriori en Pleno, o la convocatoria de Pleno de Urgencia, pues hay motivo suficiente que justifica la urgencia.
No podemos esperar mucho. Cada día que pasa, Aqualia se lleva 3.000 € de nuestra empresa y el pueblo pierde también mucho dinero. Hagámoslo todo de manera segura y correcta, pero sin demoras inútiles.
Justo ahora, al cumplirse un año del contrato, la empresa deberá pagar 1.900.000@ a Aqualia. Es necesario que se vayan cuanto antes. La sangría que supone tener a Aqualia en nuestra empresa es insoportable.
Alcázar de San Juan, a 4 de septiembre de 2015.
