Por una nueva Aguas de Alcázar

Una empresa pública para la gestión de un bien común esencial

 

 Hace unos días se celebraba el Día mundial del Agua, y se cumplían nueve meses de la Sentencia del Tribunal Supremo que, a instancias de Ana Belén Tejado, anuló la venta de Aguas de Alcázar, la que fue empresa pública posteriormente privatizada y participada por la multinacional Aqualia.

La primera fase de la razón de ser de la Plataforma (recuperación/remunicipalización de Aguas de Alcázar) concluirá cuando Aqualia haya salido de las instalaciones de la empresa y desaparecido del Consejo de Administración.

Para cuando eso sea un hecho, además de haber procedido a la ejecución de la Sentencia del TS y haber pagado las cuantías que corresponda abonar al Ayuntamiento, habrá de haberse decidido por el Pleno del Ayuntamiento la forma de gestión del ciclo integral del agua y los servicios que se incluyen en esa denominación, qué modalidad debe revestir la gestión y qué organización/estatutos debe tener el organismo encargado de la prestación del servicio.

Tenemos dos opciones: encontrarnos con todo hecho, o intervenir en el proceso. Y nosotros, las personas que integramos la Plataforma, somos gente de palabra. Es, pues, nuestra obligación tomar de nuevo la palabra para hacer llegar nuestra propuesta a la sociedad alcazareña, a sus partidos políticos y grupos municipales, a sus sindicatos, a sus asociaciones y entidades, y para generar el debate necesario en toda sus formas democráticas sobre qué Aguas de Alcázar queremos una vez recuperada para sus auténticos propietarios: las vecinas y los vecinos de nuestro pueblo.

 

Nuestra propuesta parte de una idea básica: la consideración del agua como un bien común y un derecho humano que debe sustraerse a la lógica del mercado para garantizar su universalidad y que debe ser gestionado con criterios de eficiencia, sostenibilidad y respeto del medio natural. Que su gestión, por tanto, ha de ser pública y directa, participada y transparente.

De todas las formas de gestión directa que la Ley contempla, es la de la Entidad pública empresarial local, la más cercana a una sociedad SIN acciones que vender o comprar, la que más se acerca a nuestro modelo. Es la que vienen adoptando la mayoría de municipios que han  rescatado para los ciudadanos la gestión del agua pública.

Los Estatutos habrían de contemplar, a nuestro juicio, una fórmula que impidiera cualquier nueva tentación enajenadora. De ahí que propongamos que figuren como titulares de la Entidad todos los vecinos mayores de edad residentes en Alcázar de San Juan (y en las localidades que se benefician del servicio), representados por los concejales y las concejalas que componen el Pleno de la Corporación, de modo que los bienes y títulos de Aguas de Alcázar EPEL no puedan ni cederse ni enajenarse, ni en todo ni en parte, sin el consentimiento ciudadano expresado en consulta pública.

Por último, esos mismos Estatutos, además de la transparencia y la rendición pública de cuentas,  deben garantizar que en el consejo de Administración vuelvan  a tener asiento, con voz y con voto, los trabajadores de la Empresa y los vecinos de la localidad, representados estos por sus asociaciones vecinales.