Hoy a los 86 días
de que el Agua de Alcázar de San Juan esté en manos de la Multinacional
FCC-Aqualia, hemos comprobado que tenemos peor servicio y mucho más caro: 294.378 euros. ¿Cuántas cosas se podrían
haber hecho con ese dinero? Ya lo dijimos: más
pobres con el agua en manos privadas.
El 6 de
diciembre de 1978, como por todos es sabido, se aprobó en referéndum la actual
Constitución Española. Este año se conmemora el 36 aniversario de la que es la
norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están
sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España. Es por eso uno de los
días más importantes de la historia reciente de nuestro país, ya que desde su
entrada en vigor, ha supuesto para el conjunto de los españoles una de las
etapas más largas de paz, bienestar y prosperidad.
Pues bien, si leemos
nuestra Carta Magna, y sin entrar en detalles, nos damos cuenta de que durante
el último año, en nuestro pueblo han pasado cosas curiosas, por llamarlo de
alguna manera, con una parte de la ciudadanía.
Llegado este día desde el poder, desde el equipo de gobierno,
manifestarán amplificando el mensaje de que para defender la Constitución ya
están ellos y que se comprometerán a seguir cumpliéndola. Son palabras y
palabras, pero los hechos no se corresponden a tan importante ley.
Analicemos esos hechos y su correspondiente incumplimiento.
La Constitución en su artículo 20.3, dice que “la ley
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España”. En nuestra ciudad,
el equipo de gobierno nos niega la palabra y manipula la información, haciendo
un uso partidista de la televisión pública, la que pagamos todos porque debe
ser de todos.
En su
artículo 14 dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En la Plataforma del Agua hemos visto cómo
se nos trata de manera diferente a las demás asociaciones de la localidad,
cuando quisimos instalar un Mercadillo Solidario en la plaza y nos pedían una
tasa de 2.500 euros, persiguiéndonos luego cuando lo intentamos hacer en otros
lugares, mediante la intimidación a los responsables.
En su
artículo 9, dice que “Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social”. Mientras, se cercena la participación del pueblo y de la Plataforma del Agua,
poniendo multas a los vecinos por el solo hecho de manifestar otra opinión,
o se quitan sillas en el salón de plenos
para que pueda asistir menos gente, de manera totalmente arbitraria. O cuando unos vecinos cantan los mayos, una
manifestación cultural tradicional que narra la lucha de unos vecinos por defender
su Agua, o simplemente dicen “sí se puede”.
En el artículo 45, dice que
“Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva”. Uno de esos recursos
naturales es el agua, que la ONU y la mayoría de la población de nuestra
ciudad eleva al nivel de Derecho Humano. Recurso natural que lejos de velar por
su utilización racional, pone el Equipo de Gobierno del PP y CxA, en manos de
una multinacional y consiente que
diariamente se lleven 3423 euros, por hacer lo que veníamos haciendo
siempre nosotros, dando peor servicio. Y
no hablemos de solidaridad colectiva, propiciando con su operación que las
empresas de la localidad no trabajen más para Aguas de Alcázar.
Por nuestro hijos,
por nuestros mayores. El agua 100% pública y su gestión transparente.
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